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El Ministerio Público ve indicios de delito en distintas actuaciones inmobiliarias del ex alcalde de Salou y de su hijo, como las operaciones sobre los terrenos que ocupó la sala de fiestas Galas o la zona del Barranco de Barenys, pero también en la concesión de un geriátrico en Salou. Todas estas presuntas irregularidades habían sido denunciadas por EL MUNDO.

La Fiscalía de Tarragona ha presentado una querella en el juzgado número 4 de Tarragona contra el ex alcalde de Salou, Esteve Ferran, y contra su hijo, el ex concejal de Urbanismo, Esteve Ferran Gombau, al ver indicios de delito en las operaciones inmobiliarias realizadas a título particular por el ex concejal, en otras en las que participan parientes directos de la familia Ferran, en actuaciones urbanísticas futuras promovidas por el propio Ayuntamiento, y en la irregular concesión de un geriátrico, donde tiene intereses la esposa del secretario del Ayuntamiento de Salou.

La resolución de la Fiscalía llega después de varios meses de intensas investigaciones en los que la Policía Judicial, además de hacer acopio de todos los informes municipales en los asuntos urbanísticos bajo sospecha, ha interrogado a numerosos testigos, para lo que ha tenido que desplazarse a diversos puntos de la geografía española.

La fiscal encargada del caso, María José Osuna, ha dado carta blanca a sus investigadores para llegar al fondo de las irregularidades en materia de Urbanismo detectadas en el municipio de Salou, mientras ella investiga las operaciones de compraventa que llevó a cabo el entonces concejal de Urbanismo.

Cabe recordar que Esteve Ferran Gombau realizó al menos cuatro operaciones de compraventa, confirmando así su actividad como empresario del suelo a la vez que mantenía su cargo como concejal de Urbanismo que le permitía información sobre los diferentes planes urbanísticos que afectaban al municipio.

Así, la Fiscalía tiene en su poder todo lo referente a las diferentes adquisiciones de terreno que realizó el ex concejal, como el terreno rústico de 7.000 metros cuadrados que compró por 300.506 euros hace casi dos años en la partida Castellots y Barenys, cuando su valor catastral es tan sólo algo superior a los 35.000 euros. Aunque se mantiene oculto el destino urbanístico de esa zona, lo cierto es que linda directamente con el proyecto previsto en el suelo que quedará libre tras el polémico desvío del barranco de Barenys previsto en el Plan Parcial y que recalifica suelo rústico en urbano, hotelero, residencial y deportivo.

La casualidad de que el propio Ayuntamiento de Salou también adquiriera una parcela de terreno rústico en esa misma zona y cerca de la que compró el ex concejal de Urbanismo por 578.000 euros bajo amenaza de expropiación convierte al polígono en una casi segura zona de expansión de la población.

La Fiscalía no ve con buenos ojos que el propio Ayuntamiento adquiriera una finca por un valor muy superior, argumentando un interés general para la ampliación del cementerio, pero sin aplicar la expropiación, que les garantizaba un precio muy inferior que beneficia a los intereses públicos. Esta operación podría apuntar a que el propio Consistorio podía variar el destino urbanístico de esa parcela sin tener que dar explicaciones a los antiguos propietarios, que podrían reclamar más dinero si el destino final de la finca no es para un interés general. Todos ellos se avinieron de manera voluntaria a vender la finca por 578.000 euros, casi 100 millones de las antiguas pesetas. Así las cosas, su uso final podía ser el de ampliación del cementerio o cualquier posibilidad urbanística que beneficiaría a los intereses del propio concejal de Urbanismo, que tiene una finca en esa misma zona.

La adquisición de la finca 138 del polígono 33 de Salou por parte del entonces concejal de Urbanismo e hijo del que era alcalde de Salou se produjo en abril de 2005, y en ella intervino el abogado Philippe Trujillo Aymes como representante verbal del propio concejal. Cabe recordar que Esteve Ferran Gombau y el abogado ya compraron a medias un terreno en Cap Salou de cuya mitad se deshizo el ex concejal vendiéndolo por el mismo precio que lo compró, ante las acusaciones de corrupción urbanística que denunciaron los afectados por el desvío del Barranco de Barenys.También se da el caso de que que Philippe Trujillo, socio del hijo del ex alcalde, está relacionado con la promoción inmobiliaria efectuada en los terrenos de la antigua sala de fiestas Galas, en la que la Fiscalía también encuentra indicios de delito.

La adquisición de la finca cerca del cementerio fue una operación a la que se suman otras tres operaciones de compra y compraventa que realizó el que era concejal de Urbanismo de Salou. Mientras que dos de ellas aparecen directamente a su nombre, la que compró en Cap Salou y una localizada en la partida Emprius, la otra aparece como una operación realizada por la empresa familiar Casmar Salou XXI. Esta sociedad, en la que aparece el ex alcalde, el ex concejal, y las esposas de ambos, tiene por objeto social la promoción inmobiliaria y su capital social es de 690.000 euros.Según aseguraron ambos cargos, se trataba de una sociedad patrimonial cuyo objetivo era beneficiarse de las ventajas fiscales en cuanto al pago de impuestos de transmisiones patrimoniales o sucesiones.

Los investigadores acumulan documentos sobre la irregular concesión a una empresa privada de un geriátrico en 8.900 metros cuadrados de suelo público a cambio de un alquiler anual de 9.000 euros durante 75 años. En la empresa adjudicataria figuraba como socia la esposa del secretario municipal.