El jefe del concejal de Urbanismo de Salou comercializa los pisos de Galas
Philippe Trujillo, uno de los abogados del Ayuntamiento de Salou y jefe del concejal de Urbanismo, Esteve Ferran Gombau, es el responsable de la comercialización y venta, a través de la inmobiliaria Gestiofincas, de los pisos construidos gracias al incremento de la edificabilidad permitido en la parcela donde se ubicaba la sala de fiestas Galas.
El negocio es evidente, no sólo al conseguir edificar por encima de la superficie inicial gracias a los datos aportados por el propio Ayuntamiento de Salou al catastro, sino al obviar la cláusula obligatoria de ceder una parte de la parcela para la construcción de viviendas de protección pública. Dicha cesión no consta en la escritura que EL MUNDO solicitó al Registro de la propiedad el pasado 10 de mayo, a pesar de ser una de las condiciones a las que debían someterse el proyecto urbanístico.
Esteve Ferran Gombau, que también es el hijo del alcalde de Salou y candidato a la reelección, no sólo tiene un vínculo laboral con el despacho de abogados de Philippe Trujillo, donde trabaja por las tardes, sino que compartió intereses con este letrado en la compra venta de una finca con inmejorables perspectivas financieras. Se trata, según la documentación consultada por EL MUNDO, del terreno en que se ubicará el futuro Puerto Cap Salou, un proyecto previsto en el Plan General de Salou y apadrinado por el propio concejal Esteve Ferran Gombau.
La finca, que era propiedad del edil de Urbanismo, fue vendida por «honestidad», según dijo el edil en su momento, a Inversiones Bonaigua, cuyo administrador es precisamente Philippe Trujillo, aunque en esta operación urbanística estuvo representado por Pedro Santillana Campayo.
Además de en la empresa Inversiones Bonaigua, Santillana comparte cargos con Philippe Trujillo en Tainde, donde también aparece Lluís Carbonell Figueras, presuntamente implicado junto al ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona, el convergente Angel Fernández, en una operación urbanística vinculada a la construcción del centro comercial Eroski de la capital tarraconense que todavía está investigando la Fiscalía.
El constructor Carbonell Figueras aparece, además, como administrador de la empresa Immobiliaria Plaza de Prim, que cobró un cheque de 322.500 euros y recibió otro talón al portador de 603.789 euros en la operación de compra-venta de la parcela que ocupaba la antigua sala de fiestas Galas antes de su incendio y posterior demolición del edificio.
A través de Inmobiliaria Plaza Prim se llega a Tainde, donde participan Carbonell Figueras y Philippe Trujillo, y a Bonaigua, cuyo administrador es el abogado del Ayuntamiento de Salou, que a su vez comercializa las viviendas construidas en los terrenos de la antigua sala de fiestas Galas a través de Gestiofincas.
Cabe recordar que, como ya ha publicado EL MUNDO, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Salou vendió la mitad de una finca -que había comprado previamente junto a Trujillo- a Inversiones Bonaigua por el mismo valor que la compró, es decir, por 12.020 euros. La finca fue adquirida a medias con Bonaigua el día antes de la Nochebuena del año 2002, en el tiempo de la aprobación inicial del nuevo Plan General del municipio, que prevé precisamente un uso que aumenta su valor de forma considerable. Sin embargo, el edil la vendió apenas dos años después por el mismo precio que la compró, una operación difícilmente comprensible teniendo en cuenta la recalificación prevista en la zona.
Igualmente, señalar que en Boletin Oficial de la Provincia del 17 de enero de 2005 se refleja que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Salou, en sesión ordinaria celebraba el día 21 de diciembre de 2004, adoptó el acuerdo de Proyecto de Reparcelación con propietario único del PAUS-20 de Salou -la zona de Galas- y del correspondiente proyecto de obras complementarias con una condición que debía producirse antes de si aprobación definitiva. Según consta en el BOP, «el otorgamiento de cualquier licencia de edificación en el ámbito de PAUS-20 queda condicionda a la presentación, tramitación, aprobación y publicación de una ordenación de volumenes de la única finca resultante número 1 de la cual resulta la adscripción inequívoca de una de las edificaciones previstas a satisfacer la reserva legal para la construcción de viviendas de protección pública, condición que deberá tener reflejo en la inscripción de la reparcelación en el Registro de la propiedad». Según la documentación oficial, dicha condición no se ha cumplido, aunque está a punto de finalizar la primera fase del complejo residencial.
Una sala de fiestas convertida en pira
Las presuntas irregularidades en el 'caso Galas' arrancan ya desde antes incluso de que la emblemática sala de fiestas de Salou sufriera un misterioso incendio que, en su momento, nadie dudó en señalar como «provocado». En el año 2001, el empresario que compró finalmente la finca, ya presentó un proyecto de reparcelación, a pesar de que aún no era propietario de la parcela y nada hacía indicar que lo fuera, puesto que existía una opción de compra en vigor sobre el terreno.
Se producen entonces una serie de extrañas circunstancias encaminadas a conseguir el máximo beneficio. El oportuno incendió, que obligó a demoler los restos de la edificación, permitió «inventarse» edificios que no existían, tal y como refleja el catastro, para argumentar la máxima edificabilidad para la zona, en contradicción al resto de parcelas colindantes.
Todos los indicios apuntaban que el incendio, como el mismo alcalde de Salou señaló en su momento, fue provocado tan sólo meses antes de la aprobación inicial del Plan General. La última anécdota se desprende de un acuerdo municipal que los promotores han ignorado, como es la cesión de vivienda de protección oficial. Si finalmente se garantiza, los apartamentos protegidos contarán con todo lujo de detalles y servicios, incluida la piscina comunitaria.
Noticia publicada en El Mundo
El negocio es evidente, no sólo al conseguir edificar por encima de la superficie inicial gracias a los datos aportados por el propio Ayuntamiento de Salou al catastro, sino al obviar la cláusula obligatoria de ceder una parte de la parcela para la construcción de viviendas de protección pública. Dicha cesión no consta en la escritura que EL MUNDO solicitó al Registro de la propiedad el pasado 10 de mayo, a pesar de ser una de las condiciones a las que debían someterse el proyecto urbanístico.
Esteve Ferran Gombau, que también es el hijo del alcalde de Salou y candidato a la reelección, no sólo tiene un vínculo laboral con el despacho de abogados de Philippe Trujillo, donde trabaja por las tardes, sino que compartió intereses con este letrado en la compra venta de una finca con inmejorables perspectivas financieras. Se trata, según la documentación consultada por EL MUNDO, del terreno en que se ubicará el futuro Puerto Cap Salou, un proyecto previsto en el Plan General de Salou y apadrinado por el propio concejal Esteve Ferran Gombau.
La finca, que era propiedad del edil de Urbanismo, fue vendida por «honestidad», según dijo el edil en su momento, a Inversiones Bonaigua, cuyo administrador es precisamente Philippe Trujillo, aunque en esta operación urbanística estuvo representado por Pedro Santillana Campayo.
Además de en la empresa Inversiones Bonaigua, Santillana comparte cargos con Philippe Trujillo en Tainde, donde también aparece Lluís Carbonell Figueras, presuntamente implicado junto al ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona, el convergente Angel Fernández, en una operación urbanística vinculada a la construcción del centro comercial Eroski de la capital tarraconense que todavía está investigando la Fiscalía.
El constructor Carbonell Figueras aparece, además, como administrador de la empresa Immobiliaria Plaza de Prim, que cobró un cheque de 322.500 euros y recibió otro talón al portador de 603.789 euros en la operación de compra-venta de la parcela que ocupaba la antigua sala de fiestas Galas antes de su incendio y posterior demolición del edificio.
A través de Inmobiliaria Plaza Prim se llega a Tainde, donde participan Carbonell Figueras y Philippe Trujillo, y a Bonaigua, cuyo administrador es el abogado del Ayuntamiento de Salou, que a su vez comercializa las viviendas construidas en los terrenos de la antigua sala de fiestas Galas a través de Gestiofincas.
Cabe recordar que, como ya ha publicado EL MUNDO, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Salou vendió la mitad de una finca -que había comprado previamente junto a Trujillo- a Inversiones Bonaigua por el mismo valor que la compró, es decir, por 12.020 euros. La finca fue adquirida a medias con Bonaigua el día antes de la Nochebuena del año 2002, en el tiempo de la aprobación inicial del nuevo Plan General del municipio, que prevé precisamente un uso que aumenta su valor de forma considerable. Sin embargo, el edil la vendió apenas dos años después por el mismo precio que la compró, una operación difícilmente comprensible teniendo en cuenta la recalificación prevista en la zona.
Igualmente, señalar que en Boletin Oficial de la Provincia del 17 de enero de 2005 se refleja que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Salou, en sesión ordinaria celebraba el día 21 de diciembre de 2004, adoptó el acuerdo de Proyecto de Reparcelación con propietario único del PAUS-20 de Salou -la zona de Galas- y del correspondiente proyecto de obras complementarias con una condición que debía producirse antes de si aprobación definitiva. Según consta en el BOP, «el otorgamiento de cualquier licencia de edificación en el ámbito de PAUS-20 queda condicionda a la presentación, tramitación, aprobación y publicación de una ordenación de volumenes de la única finca resultante número 1 de la cual resulta la adscripción inequívoca de una de las edificaciones previstas a satisfacer la reserva legal para la construcción de viviendas de protección pública, condición que deberá tener reflejo en la inscripción de la reparcelación en el Registro de la propiedad». Según la documentación oficial, dicha condición no se ha cumplido, aunque está a punto de finalizar la primera fase del complejo residencial.
Una sala de fiestas convertida en pira
Las presuntas irregularidades en el 'caso Galas' arrancan ya desde antes incluso de que la emblemática sala de fiestas de Salou sufriera un misterioso incendio que, en su momento, nadie dudó en señalar como «provocado». En el año 2001, el empresario que compró finalmente la finca, ya presentó un proyecto de reparcelación, a pesar de que aún no era propietario de la parcela y nada hacía indicar que lo fuera, puesto que existía una opción de compra en vigor sobre el terreno.
Se producen entonces una serie de extrañas circunstancias encaminadas a conseguir el máximo beneficio. El oportuno incendió, que obligó a demoler los restos de la edificación, permitió «inventarse» edificios que no existían, tal y como refleja el catastro, para argumentar la máxima edificabilidad para la zona, en contradicción al resto de parcelas colindantes.
Todos los indicios apuntaban que el incendio, como el mismo alcalde de Salou señaló en su momento, fue provocado tan sólo meses antes de la aprobación inicial del Plan General. La última anécdota se desprende de un acuerdo municipal que los promotores han ignorado, como es la cesión de vivienda de protección oficial. Si finalmente se garantiza, los apartamentos protegidos contarán con todo lujo de detalles y servicios, incluida la piscina comunitaria.
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